La mitad de los edificios de la ciudad tiene que pasar la inspección técnica
El Ayuntamiento ha abierto este año 420 expedientes para exigir a los propietarios que tengan sus viviendas en óptimas condiciones.
Las casas, al igual que ocurre con los coches, llega un momento en el que tienen que pasar de manera obligatoria una inspección técnica para comprobar su estado de conservación y solucionar los problemas que el paso de los años les haya podido ocasionar. El 45% de los edificios de la ciudad de Alicante tiene más de 50 años, y han de pasar la llamada ITE -Inspección técnica de Edificios- cada cinco años. Es una forma de chequear el estado del parque de viviendas más antiguas, y una herramienta de gran utilidad para los ayuntamientos porque les permite hacer un seguimiento sobre su seguridad y su mantenimiento.
La Concejalía de Conservación de Inmuebles es quien se encarga no solo de instar a las comunidades a pasar la preceptiva ITE, sino de conseguir, a nivel general, que la antigüedad de las casas no sea sinónimo de fealdad, dejadez y deterioro. Para ello se cuenta con un equipo de inspectores que se recorren la ciudad para detectar sobre el terreno posibles casos de incumplimiento de la obligación legal de mantener en buen estado las propiedades. «Del buen funcionamiento de un departamento como éste depende que una ciudad tenga un aspecto viejo y deteriorado o cuidado y agradable. A una ciudad también se la conoce por el estado de sus edificaciones», afirma la edil responsable, Oti García-Pertusa.
Normalmente el Ayuntamiento actúa de oficio, aunque también puede llevar a cabo inspecciones a instancias de particulares que se dirigen al Consistorio para denunciar el mal estado de algún inmueble. El pasado año, el número de requerimientos a propietarios de edificios con algún tipo de deficiencia se elevó a 380, un 17% más que en 2009. Asimismo, en lo que llevamos de 2011 se han iniciado 420 nuevos expedientes, lo que supone un 41% de incremento en relación al año anterior a pesar de que sólo han transcurrido seis meses. «Pienso que llevamos un buen ritmo de actuación y hemos notado que se ha incrementado bastante el nivel de concienciación ya que, a pesar del aumento en el número de intervenciones, cada vez tramitamos menos sanciones porque muchos propietarios actúan dentro de los plazos requeridos», asegura la concejal.
En el año 2009, se iniciaron un total de 182 expedientes sancionadores, un 55% menos que el año anterior, mientras que en 2010 se abrieron 136, lo que supuso un descenso del 34% . «Hemos entrado en una dinámica muy positiva de concienciación sobre la necesidad de conservar adecuadamente los edificios. La diferencia que hemos notado en este sentido en los últimos años es abismal», afirma la edil.
Las sanciones consisten en imponer hasta un máximo de 10 multas coercitivas a razón de una al mes. El importe de cada multa varía en función de la cuantía de la reparación, y es el resultado de dividir entre 10 el coste total estimado de la reparación de acuerdo a la valoración realizada por los técnicos municipales. Según al concejal, «es rarísimo que los propietarios pasen de la primera multa. Normalmente cuando les llega la primera de las diez, recapacitan y asumen las reparaciones requeridas o la demolición del inmueble si se da el caso».
Los casos más graves de deterioro pueden derivar en la declaración, por parte del Ayuntamiento, de ruina legal o de ruina inminente y peligrosa. Cuando se declara un edificio en ruina legal quiere decir que el coste de su reparación supera el 50% de lo que costaría demolerlo y construirlo nuevo. Habitualmente se da un plazo mínimo de dos meses a la propiedad para que actúe en un sentido o en otro. No obstante, hay asuntos que se enquistan, como es el caso por ejemplo de las viviendas portuarias de Heliodoro Madrona, cuyo decreto municipal de ruina legal y la decisión de la Autoridad Portuaria de proceder a su demolición, se encuentran inmersos en un proceso judicial por los recursos presentados en contra de los derribos. Por otro lado, la declaración de ruina inminente y peligrosa se da en casos de importantes daños estructurales, y prevé un procedimiento muy rápido. Entre 5 y 10 días, a partir del momento de la notificación, la propiedad está obligada a derribar el inmueble. Si no lo hace, el Ayuntamiento realiza la demolición de manera subsidiaria y posteriormente se cobra su importe a los propietarios a través de Suma.
En 2009 se notificaron dos declaraciones de ruina legal, cuatro en 2010, y en lo que llevamos de año se ha abierto un único expediente. Asimismo, en el 2009 se declararon un total de 22 ruinas inminentes y peligrosas, de las cuales el Ayuntamiento actuó de manea subsidiaria en seis de ellas. En 2010 fueron 12, de las cuales cinco precisaron la actuación subsidiaria del Ayuntamiento, y hasta julio de este año han sido tres los edificios de la ciudad declarados en ruina inminente y peligrosa. Los barrios donde más intervenciones se han realizado por concentrar un mayor número de viviendas antiguas son, por este orden, Carolinas ( altas y bajas) Casco Antiguo, la zona comprendida entre el Castillo de San Fernando y Alfonso el Sabio, San Blas, Santo Domingo y San Antón.
Las casas, al igual que ocurre con los coches, llega un momento en el que tienen que pasar de manera obligatoria una inspección técnica para comprobar su estado de conservación y solucionar los problemas que el paso de los años les haya podido ocasionar. El 45% de los edificios de la ciudad de Alicante tiene más de 50 años, y han de pasar la llamada ITE -Inspección técnica de Edificios- cada cinco años. Es una forma de chequear el estado del parque de viviendas más antiguas, y una herramienta de gran utilidad para los ayuntamientos porque les permite hacer un seguimiento sobre su seguridad y su mantenimiento.
La Concejalía de Conservación de Inmuebles es quien se encarga no solo de instar a las comunidades a pasar la preceptiva ITE, sino de conseguir, a nivel general, que la antigüedad de las casas no sea sinónimo de fealdad, dejadez y deterioro. Para ello se cuenta con un equipo de inspectores que se recorren la ciudad para detectar sobre el terreno posibles casos de incumplimiento de la obligación legal de mantener en buen estado las propiedades. «Del buen funcionamiento de un departamento como éste depende que una ciudad tenga un aspecto viejo y deteriorado o cuidado y agradable. A una ciudad también se la conoce por el estado de sus edificaciones», afirma la edil responsable, Oti García-Pertusa.
Normalmente el Ayuntamiento actúa de oficio, aunque también puede llevar a cabo inspecciones a instancias de particulares que se dirigen al Consistorio para denunciar el mal estado de algún inmueble. El pasado año, el número de requerimientos a propietarios de edificios con algún tipo de deficiencia se elevó a 380, un 17% más que en 2009. Asimismo, en lo que llevamos de 2011 se han iniciado 420 nuevos expedientes, lo que supone un 41% de incremento en relación al año anterior a pesar de que sólo han transcurrido seis meses. «Pienso que llevamos un buen ritmo de actuación y hemos notado que se ha incrementado bastante el nivel de concienciación ya que, a pesar del aumento en el número de intervenciones, cada vez tramitamos menos sanciones porque muchos propietarios actúan dentro de los plazos requeridos», asegura la concejal.
En el año 2009, se iniciaron un total de 182 expedientes sancionadores, un 55% menos que el año anterior, mientras que en 2010 se abrieron 136, lo que supuso un descenso del 34% . «Hemos entrado en una dinámica muy positiva de concienciación sobre la necesidad de conservar adecuadamente los edificios. La diferencia que hemos notado en este sentido en los últimos años es abismal», afirma la edil.
Las sanciones consisten en imponer hasta un máximo de 10 multas coercitivas a razón de una al mes. El importe de cada multa varía en función de la cuantía de la reparación, y es el resultado de dividir entre 10 el coste total estimado de la reparación de acuerdo a la valoración realizada por los técnicos municipales. Según al concejal, «es rarísimo que los propietarios pasen de la primera multa. Normalmente cuando les llega la primera de las diez, recapacitan y asumen las reparaciones requeridas o la demolición del inmueble si se da el caso».
Los casos más graves de deterioro pueden derivar en la declaración, por parte del Ayuntamiento, de ruina legal o de ruina inminente y peligrosa. Cuando se declara un edificio en ruina legal quiere decir que el coste de su reparación supera el 50% de lo que costaría demolerlo y construirlo nuevo. Habitualmente se da un plazo mínimo de dos meses a la propiedad para que actúe en un sentido o en otro. No obstante, hay asuntos que se enquistan, como es el caso por ejemplo de las viviendas portuarias de Heliodoro Madrona, cuyo decreto municipal de ruina legal y la decisión de la Autoridad Portuaria de proceder a su demolición, se encuentran inmersos en un proceso judicial por los recursos presentados en contra de los derribos. Por otro lado, la declaración de ruina inminente y peligrosa se da en casos de importantes daños estructurales, y prevé un procedimiento muy rápido. Entre 5 y 10 días, a partir del momento de la notificación, la propiedad está obligada a derribar el inmueble. Si no lo hace, el Ayuntamiento realiza la demolición de manera subsidiaria y posteriormente se cobra su importe a los propietarios a través de Suma.
En 2009 se notificaron dos declaraciones de ruina legal, cuatro en 2010, y en lo que llevamos de año se ha abierto un único expediente. Asimismo, en el 2009 se declararon un total de 22 ruinas inminentes y peligrosas, de las cuales el Ayuntamiento actuó de manea subsidiaria en seis de ellas. En 2010 fueron 12, de las cuales cinco precisaron la actuación subsidiaria del Ayuntamiento, y hasta julio de este año han sido tres los edificios de la ciudad declarados en ruina inminente y peligrosa. Los barrios donde más intervenciones se han realizado por concentrar un mayor número de viviendas antiguas son, por este orden, Carolinas ( altas y bajas) Casco Antiguo, la zona comprendida entre el Castillo de San Fernando y Alfonso el Sabio, San Blas, Santo Domingo y San Antón.
Fuente: Las Provincias